La administración estatal no realizará obras contra la voluntad de las comunidades, afirmó el gobernador; el futuro y la ubicación de las inversiones dependerán de las empresas y del cumplimiento de las condiciones legales, sociales y técnicas.
La falta de información y socialización, así como la intervención de actores políticos en algunos casos, han influido en el rechazo ciudadano a determinados proyectos de inversión en Hidalgo, reconoció el gobernador Julio Menchaca Salazar.
Al ser cuestionado sobre proyectos que no se han concretado debido a la oposición social, como el parque fotovoltaico de Tecozautla, el de Epazoyucan, el penal en Tasquillo y el Parque de Economía Circular de Tula, el mandatario sostuvo que las comunidades tienen derecho a expresar sus preocupaciones.
“En algunos casos existe una preocupación importante de las personas, quienes están en todo su derecho. En otros, ha faltado socializar los proyectos”, señaló.
Menchaca Salazar aseguró que su administración trabajará con mayor énfasis en informar y dialogar con las poblaciones involucradas, con el propósito de que conozcan las características y los posibles beneficios de las inversiones antes de que se desarrollen.
“Nunca vamos a realizar, durante esta administración, ninguna obra ni acción que perjudique a las personas de una comunidad o que se lleve a cabo contra su voluntad”, afirmó.
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Reconoce intervención política en algunos casos
Ante la pregunta expresa sobre la posible participación de actores políticos en los movimientos de oposición, el gobernador respondió que “en algunos casos, sí”, aunque no precisó cuáles ni identificó a personas o agrupaciones.
Consideró que los proyectos rechazados representan casos específicos y minoritarios frente al número de inversiones que se han concretado en la entidad y que, de acuerdo con su postura, han favorecido la generación de empleos y la actividad económica.
También adelantó que próximamente se realizará un anuncio sobre nuevas inversiones en Hidalgo, sin ofrecer detalles sobre las empresas, los montos o los municipios involucrados.
El objetivo, explicó, es alcanzar una alineación entre el desarrollo económico, el ordenamiento territorial, el cumplimiento de la normatividad y el consentimiento de las comunidades.
Empresas decidirán ubicación de proyectos fotovoltaicos
Respecto a la posibilidad de trasladar el proyecto fotovoltaico de Tecozautla a otro municipio, Menchaca Salazar aclaró que el gobierno estatal no determina la ubicación de las inversiones privadas.
“Nosotros no imponemos. Las decisiones corresponden a los empresarios, porque cada vez que se instala una empresa o se realiza una inversión, es una decisión de quienes arriesgan su capital y aportan su experiencia”, expresó.
Indicó que la función del gobierno consiste en proporcionar información y presentar alternativas sobre las condiciones disponibles en cada región. Posteriormente, las empresas deciden la ubicación de sus proyectos con base en las características del territorio, la disponibilidad de capital humano y los recursos necesarios para su operación.
El mandatario agregó que las autoridades también deben advertir a los inversionistas sobre posibles limitaciones, como la falta de agua o de capacidad eléctrica, aun cuando una zona resulte atractiva para el desarrollo industrial.
Señaló que el rezago en infraestructura eléctrica se atiende en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque reconoció que se trata de procesos de mediano plazo.
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Hidalgo busca aprovechar su potencial solar
Menchaca Salazar destacó que Hidalgo cuenta con condiciones favorables para generar energía mediante fuentes alternativas y sostuvo que la entidad ocupa el segundo lugar nacional en radiación solar, después de Tamaulipas.
En este contexto, informó que una empresa realiza gestiones para adquirir terrenos en el Parque del Pueblo del Bienestar, con el objetivo de desarrollar una fuente de abastecimiento energético.
Sin embargo, insistió en que estos proyectos deberán instalarse en lugares donde no existan conflictos sociales y donde las comunidades cuenten con información suficiente.
El gobernador reiteró que cualquier inversión deberá cumplir los requisitos establecidos por la legislación y considerar las condiciones técnicas, ambientales y sociales del territorio. La decisión final sobre su instalación, subrayó, corresponderá a las empresas.
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