La Cámara propuso homologar criterios y establecer una ruta intermunicipal más ágil para avanzar con la entrega de los fraccionamientos pendientes.
La creación del denominado municipio 85 no solucionará por sí sola la falta de servicios públicos en los fraccionamientos ubicados al sur de la zona metropolitana de Pachuca, sostuvo Ana Karen Juárez Navarrete, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Hidalgo.
Ante los señalamientos de que el rezago en la municipalización motivó la propuesta de conformar una nueva demarcación, la dirigente empresarial aclaró que esa decisión corresponde al Poder Legislativo.
Sin embargo, insistió en que modificar el mapa administrativo no resolverá automáticamente las necesidades de las colonias y desarrollos habitacionales.
“Exista o no un municipio, el problema de los servicios no se va a resolver solamente con el mapa administrativo”, expresó.
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Canadevi propone una ruta intermunicipal
Para atender el rezago, Juárez Navarrete planteó instalar una mesa de trabajo entre municipios, desarrolladores y autoridades estatales, con el propósito de revisar los fraccionamientos pendientes y evitar que esta problemática se repita en los proyectos que actualmente se construyen.
Entre sus propuestas se encuentra establecer un procedimiento intermunicipal con criterios compartidos para toda la zona metropolitana de Pachuca.
“Una de las propuestas es que trabajemos para que las municipalizaciones puedan tener un proceso coordinado, intermunicipal y ágil, con criterios compartidos en la zona metropolitana”, señaló.
La presidenta de Canadevi consideró que los desarrolladores cumplen actualmente con estándares de calidad y reglas de operación más estrictas que en años anteriores, aunque reconoció que los procedimientos administrativos no siempre avanzan con la misma rapidez.
“Los estándares se cumplen; los procesos a veces no son tan ágiles, pero estamos aquí para sumar”, agregó.
La dirigente destacó que ya existen acercamientos con los gobiernos municipales y mencionó como ejemplo el programa de municipalización impulsado en Mineral de la Reforma.
Descarta falta de voluntad política
Al ser cuestionada sobre si el rezago obedece a falta de voluntad política de los ayuntamientos, Ana Karen Juárez rechazó esta posibilidad y atribuyó parte de las demoras a la cantidad de asuntos que deben atender las administraciones municipales.
“No considero que sea una falta de voluntad. Creo que a veces la gobernanza también nos gana; la ciudad tiene muchas cosas que atender”, indicó.
Desde su perspectiva, hace falta homologar los criterios entre los municipios y establecer una ruta clara para reducir los tiempos de respuesta.
También explicó que no todos los fraccionamientos permanecen sin municipalizar por las mismas causas, aunque estén sujetos a disposiciones similares.
Algunos desarrollos pueden haber cumplido con los requisitos y mantener únicamente una observación administrativa pendiente. Otros todavía deben corregir incumplimientos normativos antes de ser recibidos por el ayuntamiento.
“Todos los casos son únicos y se tienen que revisar con lupa para poder determinar por qué sí o por qué no se están municipalizando”, puntualizó.
Cada desarrollador debe realizar sus trámites
La Canadevi informó que en Hidalgo cuenta con 23 empresas desarrolladoras y 15 proveedores asociados, los cuales concentran aproximadamente 70 por ciento de la venta de vivienda, según los datos proporcionados por su representación.
La cámara asesora y da seguimiento a los procedimientos de sus afiliados; no obstante, aclaró que cada empresa es responsable de tramitar la municipalización de sus fraccionamientos ante la autoridad correspondiente.
“Es responsabilidad de cada empresa hacer sus trámites desde que inicia con sus permisos hasta que logra municipalizar su fraccionamiento”, explicó Juárez Navarrete.
La presidenta no proporcionó una cifra sobre los desarrollos de sus asociados que permanecen sin municipalizar ni una lista de casos ubicados en la zona metropolitana. Argumentó que sería necesario revisar individualmente el estatus de cada expediente.
Además, señaló que existen fraccionamientos construidos por empresas que no pertenecen a la cámara y que también se encuentran pendientes de entrega a los municipios.
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La ley contempla obligaciones y sanciones
Por su parte, Lino Andrés González Illescas recordó que la legislación establece la obligación de municipalizar los fraccionamientos y contempla sanciones cuando no se cumple con el procedimiento.
No obstante, explicó que un desarrollo puede no estar municipalizado porque todavía no llega a la etapa correspondiente, pues cada proyecto comenzó en una fecha distinta y mantiene su propio avance administrativo.
Los trámites también pueden extenderse por saturación, falta de personal o procesos de digitalización dentro de las dependencias.
“A veces el plazo de respuesta de la autoridad puede extenderse por saturación de trámites, falta de personal o porque las dependencias están en digitalización. Eso puede entorpecer los procesos”, explicó González Illescas.
Pese a estas demoras, sostuvo que la municipalización forma parte de las obligaciones de cierre de cualquier desarrollo habitacional y debe concretarse mediante la coordinación entre empresas y autoridades.
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