La Secretaría de la Contraloría informó que ha impuesto sanciones por faltas administrativas que van desde amonestaciones hasta inhabilitaciones y destituciones. Además, confirmó que al menos 30 procedimientos por faltas graves continúan en el Tribunal de Justicia Administrativa.
La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo informó que durante la actual administración ha impuesto 727 sanciones a servidores públicos por diversas faltas administrativas, como parte de la estrategia para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno del Estado, el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez, explicó que las sanciones corresponden a procedimientos administrativos resueltos conforme a la gravedad de las conductas acreditadas.
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Más de 700 sanciones administrativas
El contralor detalló que entre las resoluciones emitidas destacan:
- 302 amonestaciones privadas.
- 235 inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, con periodos que van desde un día hasta un año.
- 171 amonestaciones públicas.
- 18 suspensiones.
- Una destitución.
Precisó que todas estas sanciones quedan registradas en el expediente laboral de los servidores públicos involucrados.
“En verdad estamos combatiendo la corrupción. Pensábamos que era imposible que en el estado de Hidalgo pudiéramos tener estos resultados, dar estas cifras y sostenerlas”, afirmó.
Digitalización fortalece la vigilancia
El funcionario señaló que uno de los principales avances ha sido la implementación de un sistema único de declaraciones patrimoniales, así como la digitalización de los procesos de auditoría y control gubernamental.
Destacó que el Complejo Hidalgo Honesto concentra áreas especializadas en auditoría de obra pública, auditoría financiera y coordinación con instancias federales como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que permite realizar gran parte de las revisiones mediante plataformas digitales.
Bardales Ramírez subrayó que la infraestructura fue creada para fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y facilitar las tareas de fiscalización.
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30 procedimientos siguen en el Tribunal Administrativo
Al ser cuestionado sobre el seguimiento de casos relacionados con posibles irregularidades en declaraciones patrimoniales, el secretario explicó que las faltas administrativas no graves son resueltas directamente por la Contraloría.
En cambio, las faltas administrativas graves, que no constituyen delitos penales, son turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes.
En ese sentido, informó que actualmente existen al menos 30 denuncias presentadas ante dicho tribunal, por lo que será esa autoridad la que dé a conocer el resultado de los procedimientos una vez concluidos.
Asimismo, indicó que la Secretaría de la Contraloría también ha presentado un número importante de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, cuando las investigaciones advierten posibles responsabilidades de carácter penal.
El funcionario señaló que, aunque las cifras reflejan acciones firmes contra irregularidades cometidas por servidores públicos, el objetivo principal de la dependencia es fortalecer los mecanismos de prevención, transparencia y cumplimiento de las obligaciones administrativas en el servicio público.
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