La nueva demarcación requeriría una estructura administrativa y podría reproducir prácticas clientelares; el investigador de la UAEH propone dirigir los recursos a servicios, planeación urbana, movilidad y municipalización de fraccionamientos.
La creación del llamado municipio 85 podría generar más burocracia y convertirse en un “botín político”, sin garantizar que los fraccionamientos del sur de Pachuca reciban mejores servicios, advirtió Guillermo Eduardo Lizama Carrasco, profesor investigador del Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
En lugar de constituir otro ayuntamiento, planteó elaborar un plan metropolitano que atienda las carencias de agua, vialidades, alumbrado, seguridad, transporte, espacios públicos, escuelas y centros de salud.
También propuso realizar diagnósticos por fraccionamiento, destrabar los procesos de municipalización, utilizar presupuestos etiquetados para atender las carencias y establecer una mesa de trabajo con los tres órdenes de gobierno.
“El municipio 85 instaló en la agenda pública un problema. El problema ya está instalado. Ya sabemos que la gente del sur tiene un déficit de servicios, tiene un tráfico imposible, problemas de agua, baches, alumbrado y un montón de cosas”, expresó.
Nuevo municipio podría generar burocracia y clientelismo
Lizama Carrasco explicó que constituir otra demarcación implicaría financiar una presidencia municipal, regidores, direcciones, oficinas, personal y prestaciones antes de destinar recursos a la prestación de servicios.
Además del costo administrativo, advirtió que la nueva estructura podría abrir espacio a relaciones clientelares y al reparto político de cargos.
Sin mecanismos de profesionalización, los puestos podrían ser ocupados por amistades, familiares o personas vinculadas con los grupos que lleguen al gobierno, en lugar de asignarse a perfiles especializados.
A su juicio, existe el riesgo de que el nuevo ayuntamiento sea visto como un “botín político”, donde cada administración coloque a su propio personal y lo sustituya al concluir el periodo de tres años, sin continuidad en las políticas públicas.
“El gran riesgo es tener un nuevo municipio que absorba una buena cantidad de recursos, pero que se desempeñe de la misma manera que los municipios que ya conocemos”, señaló.
El académico es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y licenciado en Historia por la Universidad de Chile. Entre los proyectos que ha coordinado se encuentra Clientelismo electoral en México, el caso del Estado de Hidalgo. Sus líneas de investigación son los estudios electorales y la participación política, de acuerdo con su semblanza publicada por la UAEH.
Por ello, consideró que cualquier reforma administrativa debe acompañarse de un servicio profesional de carrera, con funcionarios capacitados y permanentes en áreas como desarrollo urbano, movilidad, servicios municipales y administración pública.
“Yo no creo que los recursos deban ponerse en la carga administrativa. Los recursos deben ponerse en la generación de bienes y servicios”, sostuvo.
En lugar de financiar otra nómina, propuso utilizar el dinero disponible para reparar calles, mejorar el alumbrado, ampliar la vigilancia, rehabilitar espacios públicos y adquirir unidades para la recolección de residuos.
Propuesta hizo visibles carencias acumuladas
Aunque cuestionó la creación de otra demarcación, el investigador reconoció que la propuesta vecinal consiguió colocar en la agenda pública las condiciones en las que viven miles de personas al sur de Pachuca.
Detrás de la iniciativa se encuentra una población que durante años no ha recibido respuestas suficientes sobre la municipalización de sus fraccionamientos ni sobre la prestación de servicios básicos.
La inconformidad no se limita al suministro de agua o al deterioro de las calles. También comprende deficiencias en alumbrado, seguridad, transporte, espacios públicos, escuelas, servicios médicos y comercios cercanos.
La falta de equipamiento obliga a las familias a realizar desplazamientos prolongados para trabajar, estudiar, recibir atención médica o efectuar actividades cotidianas.
El académico señaló que estas condiciones afectan directamente el bienestar, debido a que contar con buenas calles, espacios públicos conservados, alumbrado y seguridad mejora la calidad de vida de las comunidades.
Desde su perspectiva, la discusión no debería reducirse a determinar si jurídicamente es posible crear otro municipio. Debe aprovecharse para identificar y atender las causas que llevaron a la población a solicitarlo.
Falta un diagnóstico de cada fraccionamiento
El investigador propuso elaborar un diagnóstico integral del sur de Pachuca que permita conocer las condiciones de cada desarrollo habitacional.
Actualmente, señaló, no existe información pública suficiente para determinar con precisión cuántos fraccionamientos carecen de servicios, cuáles no han sido municipalizados y qué obstáculos impiden que sean recibidos por los ayuntamientos.
El análisis tendría que identificar:
- Fraccionamientos municipalizados y pendientes de municipalización.
- Calles sin pavimentar o deterioradas.
- Colonias con deficiencias de agua y drenaje.
- Sectores sin alumbrado suficiente.
- Condiciones de parques y espacios públicos.
- Cobertura y frecuencia de los recorridos policiales.
- Tiempos de respuesta ante emergencias.
- Disponibilidad de escuelas y centros de salud.
- Rutas y frecuencias del transporte público.
- Necesidades de recolección de residuos.
Con esta información, las autoridades podrían establecer qué necesita cada comunidad, cuánto costaría atenderla, qué instancia es responsable y en qué plazo podrían realizarse las obras.
“Lamentablemente, en el ámbito municipal no tenemos diagnósticos respecto al déficit de servicios públicos”, indicó.
Municipalización mantiene a habitantes en incertidumbre
Uno de los asuntos que dieron origen a la propuesta del municipio 85 es la falta de municipalización de numerosos fraccionamientos.
Mediante este procedimiento, los desarrolladores entregan formalmente los conjuntos habitacionales a los ayuntamientos, que posteriormente asumen la prestación de servicios y el mantenimiento de la infraestructura.
Cuando el proceso no concluye, las familias quedan en una situación de incertidumbre porque no existe claridad sobre quién debe reparar las calles, atender el alumbrado, recolectar la basura o conservar los espacios comunes.
Lizama Carrasco explicó que los ayuntamientos pueden carecer de incentivos para recibir nuevos desarrollos, debido a que hacerlo implica asumir más obligaciones sin que sus recursos aumenten en la misma proporción.
Al mismo tiempo, las autoridades pueden negarse a recibir los fraccionamientos cuando los desarrolladores incumplieron requisitos legales, administrativos o de infraestructura.
La consecuencia es que los habitantes permanecen entre las responsabilidades de la empresa constructora y las atribuciones del gobierno municipal, sin que sus carencias sean atendidas.
Plantean mesa con los tres órdenes de gobierno
Para resolver esta situación, el académico propuso instalar una mesa de trabajo con participación de los tres órdenes de gobierno, representantes vecinales y, cuando corresponda, desarrolladores inmobiliarios.
Esta instancia tendría que revisar individualmente los expedientes y establecer:
- Qué fraccionamientos pueden municipalizarse.
- Cuáles presentan incumplimientos.
- Qué obras o documentos están pendientes.
- Quién debe concluir los trabajos.
- Cómo se acompañará a las comunidades.
- Cuáles serán los plazos y compromisos de cada autoridad.
“Se necesita una mesa de trabajo en la que participen los tres niveles de gobierno para ver qué está ocurriendo y generar un diagnóstico real de lo que se municipaliza o no, y qué está faltando para eso”, explicó.
El objetivo sería evitar que los habitantes continúen siendo enviados de una dependencia a otra sin una respuesta clara.
Zona sur requiere un plan metropolitano
El investigador consideró insuficiente atender las carencias mediante acciones aisladas, debido a que el crecimiento urbano del sur de Pachuca rebasó los límites de un solo municipio.
En este territorio convergen desarrollos habitacionales, vialidades y servicios de Pachuca, Mineral de la Reforma, Zempoala y otros municipios cercanos.
La población cruza diariamente estas demarcaciones para trabajar, estudiar, realizar compras o recibir atención médica. Sin embargo, cada ayuntamiento conserva sus propios planes, presupuestos y responsabilidades.
Por ello, propuso revisar conjuntamente los planes de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, servicios municipales e inversión pública, con una perspectiva metropolitana.
La planeación tendría que definir qué zonas son aptas para el crecimiento habitacional, qué infraestructura necesitan, cómo se garantizarán los servicios y qué municipio asumirá cada responsabilidad.
También debería establecer mecanismos de seguimiento y participación ciudadana para que la población conozca los objetivos, recursos y avances.
Lizama Carrasco señaló que la ciudad puede contribuir al desarrollo humano cuando responde a las necesidades de sus habitantes. Cuando no lo hace, provoca deterioro de la calidad de vida, mayores costos económicos, inseguridad y afectaciones sociales.
“Si la ciudad no responde a nuestras necesidades, la ciudad se vuelve contra nosotros”, advirtió.
Movilidad necesita una estrategia coordinada
El tránsito es otra de las principales inconformidades en el sur de Pachuca. Los congestionamientos y los largos tiempos de traslado afectan diariamente a quienes deben desplazarse hacia sus centros de trabajo, escuelas o servicios.
El investigador consideró que la movilidad debe abordarse como un problema metropolitano, porque los recorridos no terminan en los límites administrativos de Pachuca o Mineral de la Reforma.
También señaló que ampliar avenidas no siempre resuelve el congestionamiento. Una mayor capacidad vial puede incentivar el uso de más automóviles y provocar que las nuevas vías vuelvan a saturarse.
En lugar de depender únicamente de obras carreteras, propuso desarrollar un plan de movilidad que analice medidas como:
- Carriles reversibles durante los horarios de mayor demanda.
- Mejor programación y sincronización de semáforos.
- Mayor presencia de agentes de vialidad.
- Rutas alternas para distribuir los desplazamientos.
- Mejoramiento de rutas y frecuencias del transporte público.
- Vigilancia y control en los puntos de mayor congestionamiento.
- Coordinación entre los municipios metropolitanos.
- Seguimiento permanente de los tiempos de traslado.
El académico evitó respaldar medidas como las restricciones vehiculares por número de placa, debido a que podrían generar costos para las familias o incentivar la compra de un segundo automóvil.
Por ello, insistió en priorizar soluciones integrales que mejoren el transporte público, administren las vialidades existentes y reduzcan los tiempos de traslado.
Presupuestos etiquetados permitirían conocer el gasto
Además de elaborar diagnósticos y fortalecer la planeación urbana, Lizama Carrasco propuso utilizar presupuestos etiquetados para atender las carencias de servicios públicos, de manera que la población pueda conocer cómo y dónde se ejercen los recursos.
“El énfasis tendría que estar en los servicios públicos, que se generen diagnósticos concretos y en procedimientos como, por ejemplo, presupuestos etiquetados, para que las personas de estas regiones y municipios puedan comprender cómo y dónde se está ejerciendo y gastando el recurso público disponible”, explicó.
Este mecanismo permitiría identificar las inversiones destinadas a los fraccionamientos del sur de Pachuca y dar seguimiento a las obras, metas y autoridades responsables.
El investigador reconoció que los gobiernos no cuentan con recursos suficientes para resolver simultáneamente todas las carencias. Por esa razón, deben establecer prioridades y comunicar el orden en que serán atendidas.
“Hay que focalizar esos recursos, pensar dónde y cómo se está gastando el recurso público y qué se ha invertido en esos espacios del sur del municipio de Pachuca”, afirmó.
Los programas podrían incluir acciones de corto, mediano y largo plazo para ampliar gradualmente la cobertura de agua, alumbrado, seguridad, recolección de residuos, movilidad y espacios públicos.
También tendrían que incorporar mecanismos de participación ciudadana para que las comunidades puedan vigilar el cumplimiento de los compromisos gubernamentales.
Municipio 85 debe convertirse en punto de partida
Lizama Carrasco destacó que la propuesta del municipio 85 ya logró un primer resultado: hacer visibles los problemas que durante años han enfrentado los fraccionamientos del sur de Pachuca.
A partir de ahora, corresponde a las autoridades convertir esa discusión en diagnósticos, presupuestos, planes metropolitanos y acciones verificables.
La prioridad no debería ser únicamente debatir la creación de otra demarcación, sino atender las razones que llevaron a la población a solicitarla.
“Lo que hizo el municipio 85 fue instalar en la agenda pública un problema”, reiteró.
Más que una nueva estructura administrativa, concluyó, la zona necesita gobiernos coordinados, personal especializado, recursos dirigidos a los servicios y una planeación que permita resolver gradualmente los rezagos de sus fraccionamientos.
El planteamiento fue presentado por habitantes de fraccionamientos del sur de Pachuca como una alternativa ante la falta de municipalización y las deficiencias acumuladas en servicios públicos e infraestructura. El planteamiento ya fue recibido formalmente por el Congreso estatal, que deberá analizar si cumple los requisitos legales, territoriales, poblacionales, administrativos y financieros necesarios para constituir una nueva demarcación.
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